A pesar de que existen una denuncia al número de emergencias 911 por violencia familiar, y las evidencias mostradas en redes sociales por parte de la esposa, así como la licencia aprobada por el Congreso de Baja California para que se retire del servicio legislativo, el partido Morena esperará a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para suspender los derechos partidarios o la expulsión del diputado Danny Fidel Mogollón Pérez.
El sábado 12 de octubre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosarito recibió un reporte por violencia de pareja en las inmediaciones del casino JackPot; al llegar al lugar los oficiales de la unidad BC-471A1 entrevistaron a la reportante, quien indicó que, tras sostener una discusión con su pareja, éste la bajó del vehículo de manera agresiva, resultando con lesiones superficiales. La víctima se identificó como Iracema Valencia Labastida, esposa del diputado Fidel Mogollón.
Esta no es la primera ocasión en que Mogollón Pérez ha sido acusado de ejercer violencia familiar, ni tampoco la única vez que se le imputa algún delito: según información proporcionada a ZETA por la FGE, existen otras dos carpetas por violencia familiar cuyos números de caso son el 0204-2017-47717 y el 0204-2019-20427, así como por fraude expediente 0204-2022-07707, estos tres parcialmente concluidos; y el más reciente interpuesto el 4 de agosto del presente año, que se encuentra en mediación, el 0204-2024-17462/RAC.
Otros delitos más antiguos que se le achacan son por robo de vehículo 11084/2006/211 y por fraude específico, usurpación de profesiones, delitos de abogados defensores y litigantes caso 12359/2013/211; del primero se le absolvió por no delito y el segundo ya prescribió.
Congreso y partido, dóciles
Tras las acusaciones de violencia familiar en contra del legislador por el XV Distrito de Rosarito, el Congreso de Baja California y el partido Morena han manifestado que esperarán a que resuelva la fiscalía para analizar las diversas medidas que podrían tomar en contra del funcionario como someterlo a un juicio político y expulsarlo del partido.
“Si se le llega a encontrar culpable o se llega a emitir alguna sentencia, tendríamos que proceder al juicio político; eso sería lo que le toca al Congreso hacer. Pasaría por la Comisión de Reforma del Estado, que ahora quien la presidiría sería Karla Pedrin porque de hecho quien la preside es él (Mogollón Pérez). Tendría que hacerse un cambio para que la presidencia la asuma Karla, en caso de que llegara a darse esa situación”, explicó en entrevista a ZETA la también diputada por Morena, Michel Sánchez Allende, quien preside la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso.
Mientras que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Catalino Zavala Márquez, compartió que entre las sanciones que se contemplan por contravenir los estatutos del partido son el apercibimiento, ofrecer una disculpa pública, la suspensión de los derechos partidarios del diputado e incluso su expulsión del movimiento; sin embargo, esto depende se si se le halla o no culpable, por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
De acuerdo al abogado Octavio Rivera, los cargos que se le pueden imputar al legislador con licencia son: lesiones y abuso de autoridad, este último en caso de demostrar que el funcionario utilizó su posición para intimidar a la mujer o evadirse de la justicia.
Otro abogado consultado por ZETA refirió que, por lesiones no graves si puede tener una pena privativa de la libertad, que va de los tres días a un año de prisión. “aunque es muy raro que se imponga esa sanción. Normalmente se le hace firmar al imputado y se le pide que no se acerque a la víctima; esa suele ser la medida más utilizada en lugar de la prisión porque ese tipo de asuntos en el 99 por ciento de las veces se resuelven con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional”.
Según el Artículo 242 BIS del Código Penal de Baja California sobre la violencia familia:
Se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de veinticuatro a trescientos días, además se sujetará al agresor a tratamiento integral psicológico o psiquiátrico especializado dirigido a su rehabilitación; así también deberá de pagar este tipo de tratamiento hasta la recuperación total de la víctima, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la comisión de cualquier otro delito previsto por este Código, aplicándose para ello las reglas de concurso de delitos.
Las mismas penas se aplicarán al que realice cualquiera de las conductas a que se refiere este precepto, en contra de su concubina o concubino, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado.
Asimismo se le podrá imponer las siguientes medidas de seguridad: La prohibición de ir a lugar determinado, otorgar caución de no ofender, la prohibición de ofender por cualquier medio de comunicación, telefónica, electrónica u otro.
Las denuncias
La Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que se levantó una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar contra Mogollón Pérez, esperando que la esposa del legislador se acerque a la institución para recibir el apoyo y ser sometida a las pruebas psicológicas y físicas que pueden demostrar o descartar lo sucedido; pero hasta este cierre de edición (jueves 17 de octubre) la víctima no se había presentado ante la autoridad.
Condenan violencia y piden a Mogollón separarse del cargo
Los señalamientos realizados contra el diputado desencadenaron una serie de reacciones -la mayoría en contra- incluso de sus propios compañeros de partido. El primer órgano en pronunciarse fue el propio Congreso, quien mediante un comunicado informó que la Unidad de Igualdad de Género se comunicó con la esposa del funcionario para brindarle asesoría psicológica y jurídica, aunque según trascendió, ésta se negó a recibirlas negando los hechos.
Luego del posicionamiento, Fidel Mogollón comunicó a través de sus redes sociales el lunes 14 de octubre, que solicitó una licencia en lo que se llevan a cabo las investigaciones, aunque aseguró que “Con mi decisión no asumo responsabilidad de supuestos, simplemente es una decisión conforme a mis principios”.
No obstante, la diputada Michel Sánchez comentó a este Semanario que fueron ella y sus compañeros legisladores del partido quienes le solicitaron al funcionario pedir licencia para evitar cualquier “mal uso o abuso” de su poder, nombrando a Karla Pedrin Rembao, quien fue titular del Instituto Estatal de la Mujer (Immujer) al principio de la gestión del gobierno de Ávila Olmeda, como la suplente de Mogollón.
“Es reprobable para un Diputado de Morena estar envuelto en escándalos y temas de violencia, sobre todo por congruencia política de que tenemos activa una alerta de género. Le hemos solicitado al Diputado que se deslinde del cargo sobre todo para que sigan las investigaciones sin influencia de su poder. Estaríamos pidiendo a la Fiscalía que haga las respectivas investigaciones conforme a la ley y tener los resultados, ya sea que se le encuentre como culpable o si hay otra cosa que añadir, porque hay varias denuncias de diferentes temas que el compañero tiene que han trascendido en medios”, mencionó la legisladora.
La gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también se pronunció sobre el caso reprobándolo y asegurando que la FGE realizará las investigaciones pertinentes.
“Lo que ocurrió, independientemente de que su esposa salió emitiendo un video donde dice que no pasó nada, sin embargo, hay un parte. Desde el Poder Ejecutivo reprobamos cualquier acto de violencia venga de quien venga y exigimos a la Fiscalía que haga una investigación oportuna y que se llegue hasta las últimas consecuencias, más si se trata de un representante de Morena, somos el partido más feminista de México, entonces hay que poner el ejemplo”, manifestó en su conferencia matutina del 16 de octubre.
El reporte
A las 00:30 horas de la madrugada del sábado 12 de octubre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosarito recibió el reporte por violencia de pareja, identificándose la víctima como Iracema Valencia Labastida, esposa del diputado. Inmediatamente la noticia comenzó a circular en distintos medios de comunicación y luego de unas horas fue cuando Iracema realizó un video en su perfil de Facebook para desmentir la información.
“Aquí haciendo este video para que les quede bien claro que lo que está circulando en redes es totalmente falso. Miren, les enseño de cerca y sin filtros mi cara: no tengo ni un golpe; mis ojos los tengo hinchados si, pero no golpeados. De hecho, vamos a una quinceañera con mi amado esposo, mis hijos. Aquí estamos, todo bien, no se preocupen, es totalmente falso. Bye, estoy muy bien”, expresó, mientras en el asiento trasero del vehículo se observaba al funcionario abrazando a sus dos hijos.
Diputado niega acusaciones
En entrevista para ZETA, Fidel Mogollón Pérez negó las acusaciones.
“No he golpeado a mi esposa, ni tampoco he buscado causarle daño, aquí estamos como familia en nuestra casa. La realidad del tema es que lo menos que quisiera es causarle un prejuicio. Al menos de manera voluntaria, nunca he querido causarle un daño a nadie”.
Sin embargo, la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, confirmó a medios de comunicación que el reporte hecho al 911 por la esposa del funcionario sí existió:
“En lo que a mí me consta parte del informe que me da la policía todas las mañanas, sí se hizo la llamada al 911. La persona que lo hizo no quiso acudir a la Fiscalía a hacer la denuncia, que eso es lo más grave porque eso imposibilita el seguir una investigación. Esperemos que quien haya hecho esta denuncia, que sí corresponde al nombre como se ha venido diciendo en los medios, denuncie”, comentó la primera edil.
Datos de la página de Incidencia Delictiva del Estado indican que en la entidad se han registrado 10 mil 66 denuncias por violencia familiar entre enero y agosto del presente año, pero no todas las víctimas denuncian, por lo que podrían existir más casos.
